Desde hace más de diez años UGT viene
reivindicando el derecho subjetivo a una renta básica para la inserción
sociolaboral en Andalucía.
Esta reivindicación se ha visto recogida tanto en el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía donde se recoge
como prestación garantizada "las prestaciones económicas especificas y
directas orientas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y
a la lucha contra la exclusión social, que deberá incorporar un
itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral".
Hay que recordar que ya en el VII Acuerdo de Concertación Social
firmado por la Junta de Andalucía, CEA, UGT y CCOO el 24 de noviembre de
2009 se determinó que había que "impulsar el desarrollo del derecho
estatutario a una renta básica de inserción como prestación periódica".
En 2014, las Organizaciones Sociales y Sindicales de ámbito andaluz,
encabezadas por UGT Andalucía, promovimos una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para que se regulara un Sistema de Renta Básica para la
Inclusión en Andalucía, que fue avalada por más de 40.560 firmas.
Se trata de una reivindicación de UGT, en la que
hemos venido trabajando a través del Dialogo Social desde hace muchos
años. Siempre hemos querido que la Renta no sólo fuera una prestación
económica sino que estuviese sujeta a un Plan de Inclusión sociolaboral
donde intervinieran los servicios públicos de empleo (SAE) y los
Servicios Sociales Comunitarios. Nuestra pretensión ha sido siempre
realizar acciones que lograran sacar a las personas de la pobreza.
Para UGT lo más importante es buscar empleo para estas personas y, en
este sentido, cuando por fin se logra uno que tenga una duración a 6
meses, no debemos castigar a esa persona con la extinción del derecho.
Hemos logrado que la suspensión temporal de la RMI por suscribir un
contrato de trabajo temporal por parte de algún miembro de la unidad
familiar, se pueda volver a reanudar una vez finalice la relación
contractual, entre otras muchas aportaciones que van a mejorar este
decreto ley, gracias al esfuerzo y trabajo de nuestra organización
sindical.
La Renta Mínima de Inserción Social
entrará en vigor el 1 de enero de 2018, tendrá una dotación de 198
millones de euros el año que viene y unos 820 millones hasta 2021 y
alrededor de 120.000 beneficiarios de unas 45.000 familias, que
percibirán entre 419,52 y 779,87 euros durante un periodo de un año,
independientemente de otro tipo de ingresos como los que reciben
determinadas familias para alimentos o en concepto de orfandad.
