El pasado sábado 11 de febrero en la Prisión de Almería, en
el módulo 4 a las 14:30 h., las fuertes voces provenientes de una celda,
evidenciaban que los dos internos que la ocupaban habían pasado de las palabras
a las manos. El funcionario de servicio en el módulo, alertado por los gritos y
la algarabía que bullía dentro de la habitación, abrió la puerta y procedió a
separarlos.
Cuando ya estaban distanciados, uno de los internos, en la
planta baja del módulo, se revolvió
furioso contra el funcionario, agrediéndole de forma sorpresiva con un fuerte
golpe de su puño en la cara, que acabó con el trabajador en el Hospital.
Esto es como la película “El
día de la marmota”. El actor Bill Murray, incrédulo, contempla como los
mismos hechos se repiten día tras día y nunca llega un mañana. Las agresiones a funcionarios se reiteran,
y nunca cambia nada. En los últimos diez años se han producido más
de 2.000 agresiones, 184 de ellas graves. Las “madres mías” y los “paños calientes” de la Administración sólo brotan con la
repercusión mediática de la violencia. Si una radio o un periódico recogen la
noticia, sale el preboste de la Administración, dándose golpes de pecho, para
hacer votos de remedio al entuerto y justicia para el malvado.
Pasado el temporal, llega la calma, y las morigeradas brisas
del olvido borran todas las promesas. Este sindicato es la voz que clama en el
desierto de los oídos sordos del Ministerio de Interior, señalando los males
que corroen con su herrumbre el hormigón del sistema penitenciario.
La Revista Española de Sanidad Penitenciaria,
una autoridad en el tema, recoge que "la
población masculina en prisiones andaluzas muestra una alta prevalencia de
problemas de salud mental, similar a la hallada en otras prisiones nacionales.
Pero sus necesidades de atención deben tener en cuenta las diferentes
patologías que presentan. Una elevada tasa de reclusos, un 25,6%, presentan
problemas de salud mental, un porcentaje que se eleva hasta el 50% si se
consideran los antecedentes de abuso de drogas, lo que supone entre dos y siete
veces por encima de la población general”.
Aquí tenemos el primer obstáculo que nos encontramos para
afrontar el problema de la violencia en la cárcel. Las patologías mentales de
los internos son el pan nuestro de cada día. Las instalaciones psiquiátricas más grandes de España ahora mismo son
las prisiones. Y no contamos en ellas con un psiquiatra en plantilla que dé
a los internos la atención profesional que su enfermedad mental precisa. Son médicos de familia los especialistas
que atienden las patologías de la población reclusa ¡Y así nos va!
Muchas de las agresiones a empleados públicos no son
premeditadas, no responden a un porqué coherente, son acciones sorpresivas, sin
más motivo o justificación que la propia patología mental del recluso. Por lo
aquí expuesto se hace inevitable que el servicio médico de la Prisión sea
reforzado por un Psiquiatra.
Un elemento fundamental que explica el incremento de la
violencia es la falta de personal funcionario. Más de 2000 plazas vacantes son una
irresponsabilidad de la Administración que repercute en una desatención hacia
los reclusos. Años sin convocar oposiciones y con las tasas de reposición
congeladas conlleva, no solo la disminución de la plantilla, sino también el
envejecimiento de la misma. La mitad de los trabajadores
tienen más de 50 años. Los
hechos del módulo 4 de Almería, reiteración de las agresiones que sufrimos el
año pasado, con un interno veinteañero lleno de fortaleza, cuerpo cultivado de
gimnasio, y muy conflictivo, es consecuencia de la insuficiente dotación de personal de El Acebuche. La Dirección
de esta Prisión ha demostrado reiteradamente su incapacidad para dar solución a
un problema de personal que redunda en la prestación del servicio en los
niveles de eficiencia y calidad al que estamos obligados como funcionarios
públicos.
Esta violencia hace necesaria la implantación de un Protocolo
específico para Prisiones del que carecemos. El Ministerio de Interior, la
Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias y la Dirección de la
Prisión son los responsables de una falta de personal en Almería que hace
inviable garantizar la seguridad de internos y trabajadores. Por tanto,
exigimos a la Dirección de El Acebuche y a las Administraciones competentes que
adopten las medidas urgentes para garantizar la seguridad de los empleados públicos e internos.
Alfredo Hidalgo Espinosa, Secretario
del Sector AGE y Postal de la FeSP-UGT Almería